Así somos
más grandes
Por
Juan Carmelo Luque Varela, Cronista oficial de la Villa
Con
motivo del XXXVII aniversario del 28F, el Concejo de Gobierno de la Junta de
Andalucía aprueba la declaración institucional. En Cronista de la Villa, aprovechando
esta efeméride y por el interés que pueda suscitar en los ciudadanos, publicamos
el texto íntegro de la misma.
<<Cada
28 de Febrero revisamos los avances y las conquistas que la autonomía política
ha deparado en el rumbo de Andalucía. En este 2017 se acumulan diversos hitos.
Transcurren 37 años de la celebración del referéndum de acceso a la autonomía,
una década de la aprobación del Estatuto de Autonomía de 2007 y 40 años de la
movilización ciudadana del 4 de diciembre de 1977 en demanda de la autonomía.
Se
reconoce como un episodio histórico que el empuje de los andaluces y las
andaluzas trajo un nuevo diseño del Estado de las Autonomías. Andalucía se
levanta como sujeto político y obliga a generalizar una descentralización del
poder político que se había concebido de un modo elitista, reservado para unos
pocos, para crear una España a dos velocidades.
Fue
un proceso memorable y así debe permanecer en el bagaje de sucesivas
generaciones de andaluces y andaluzas, aun cuando los más jóvenes tengan
dificultades lógicas para entender un hito del que hoy disfrutan con
naturalidad.
El
rendimiento de la autonomía ha sido beneficioso aunque persistan problemas en
el día a día de los andaluces. Numerosos indicadores podrían testimoniar que
Andalucía estaba muy lejos del resto de España. El analfabetismo en Andalucía
triplicaba en 1981 la tasa de España, hoy la tasa bruta de graduación
universitaria de Andalucía es equivalente a la de España.
La
aportación cualitativa de la autonomía ha sido facilitar a Andalucía una voz
propia en el conjunto de España. Gracias al 28-F, fuimos los garantes de un
desarrollo armónico de este país. Por eso, y en defensa de la igualdad de los
ciudadanos vivan en el territorio que vivan, Andalucía denuncia hoy que padece
un severo agravio por la incorrecta aplicación de la financiación autonómica y
tiene autoridad para reclamar una operación de armonización tributaria que debe
liderar el Estado. Se impone el punto y final al dumping fiscal entre
comunidades, al comportamiento sin pudor de algunos gobiernos autonómicos que
bajan los tipos impositivos y reabren la brecha entre las regiones con más
recursos y las peor financiadas.
Andalucía
tiene clara su hoja de ruta. Es una apuesta por preservar los cimientos del
edificio del Estado del Bienestar y de incrementar su potencial. La fórmula es
diáfana: el funcionamiento garantizado de centros de salud, hospitales,
colegios, institutos o centros de día. Son el rostro tangible de un Estado
prestador de servicios, el mejor termómetro para evaluar el funcionamiento de
la administración y el grado de satisfacción de la sociedad.
Andalucía
hace gala de ser la comunidad autónoma que atiende a más dependientes. Es una
apuesta, no es ninguna casualidad. Vamos a poner en marcha un plan de choque
para incorporar nuevos dependientes y seguir reforzando nuestro liderazgo
nacional en el desarrollo de este cuarto pilar del estado del bienestar. Y la
Junta de Andalucía lo está haciendo a pulmón por la insuficiente financiación
del Gobierno, que está muy lejos de las exigencias que marca la propia
legislación.
El
paro sigue siendo un lastre para que Andalucía despliegue todas sus
capacidades. Es un drama que sufren miles de andaluces y por tanto es la
principal preocupación para el Gobierno de Andalucía, que pone todos los medios
a su alcance por despejar los obstáculos para la creación de empleo. La
tendencia es positiva y nos permite desde la prudencia albergar esperanzas.
Seguimos bajando las cifras de desempleo y lo hacemos a más velocidad que el
resto de España. Y no se trata de crear empleo sino que este sea digno y de
calidad.
Hemos
rubricado un pacto por la industria con empresarios y sindicatos para movilizar
8.000 millones de euros, una apuesta estratégica por un sector que ha resistido
la crisis mejor que otros desde la perspectiva del empleo.
El
Estatuto de Autonomía de Andalucía de 2007 permitió apuntalar este conjunto de
derechos de la población andaluza. La norma autonómica de mayor rango jurídico
propició el blindaje de prestaciones como la salud y la educación que, en su
condición de derechos sociales, afrontaron la crisis económica con las
máximas garantías. Una década después,
el Estatuto de Autonomía merece su reconocimiento como cinturón de seguridad
del estado social. Bajo el mandato estatutario hemos podido desarrollar leyes
pioneras y que avanzan en conquistas sociales como la de Función Social de la
Vivienda, la de Sostenibilidad y Garantías del Sistema Público de Salud, la de
Servicios Sociales, la de Autonomía Local o la de Transparencia.
Junto
a los retos particulares Andalucía participa de las exigencias comunes a toda
sociedad europea. El drama de los refugiados y la inmigración a las puertas de
la Unión Europea constituyen un aldabonazo en las conciencias de sus
ciudadanos. No podemos permanecer impasibles al dolor de personas que huyen de
la guerra, del terror, de las hambrunas o de la muerte y que encuentran en
Europa una esperanza de futuro.
La
reafirmación de una identidad no se construye levantando muros en ningún punto
del planeta. Es un error convertir la identidad en un factor de exclusión. Lo
es desde una perspectiva global de los derechos humanos.
Ha
evolucionado la identidad de Andalucía en estas décadas de autogobierno en
paralelo a la transición de una economía agrícola a una sociedad de servicios,
aun cuando la contribución de la agricultura en el PIB de Andalucía sea el
doble que a nivel nacional. Participamos de la fuerza de arrastre que ejerce la
globalización, que obliga hoy a una competición empresarial y económica en
mercados sin fronteras.
En
el balance de estas casi cuatro décadas de autogobierno, si fijamos su inicio
en la preautonomía, Andalucía ha demostrado su nula voluntad de construir un
nacionalismo andaluz rupturista, un andalucismo encaminado a tensar las
costuras de un país. Hubiera sido una siembra imposible en una tierra
incluyente.
El
Estatuto de Autonomía de 2007 es la contribución más reciente de Andalucía al
equilibrio y continuidad del Estado autonómico. Andalucía ha aportado siempre
sensatez y equilibrio al debate territorial y seguirá haciéndolo.
El
futuro demanda una profundización de la estructura territorial de España, que
debe fortalecer la convivencia de los españoles. La siguiente meta debe
llamarse Estado federal, la evolución natural del Estado autonómico.
Cada
28 de febrero debe ser una jornada reivindicativa y de reflexión. Los andaluces
y andaluzas de hoy, herederos de aquellos que hicieron de la autonomía un
sueño, tenemos una deuda de gratitud con quienes pusieron la primera piedra.
Aquel ejercicio de movilización y de conciencia es un incentivo para encarar
las incertidumbres de hoy>>.
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Castilleja
del Campo, lunes 28 de febrero de 2017